Desde que comenzara su implementación en enero de este año, el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes ha desplegado una intensa agenda de trabajo con el objetivo de consolidar su funcionamiento y estructura operativa, conforme a lo estipulado por la Ley N°21.527.
En este contexto, se desarrolló una jornada de transferencia técnica con la participación de funcionarios y funcionarias del servicio y de la Corporación OPCIÓN, organismo colaborador, donde se abordó en profundidad el trabajo del Departamento de Sanciones y Medidas, el cual está conformado por siete unidades claves: Coordinación Judicial, Protección y Derechos, Gestión de Casos, Supervisión, Gestión de Red, Planificación y Estudios, y Apoyo a la Reinserción.
“El objetivo fue socializar con todos los funcionarios los objetivos del departamento, los principales cambios en el organigrama institucional y la incorporación de nuevas unidades y metas requeridas en el contexto de la instalación del nuevo servicio”, explicó Rodrigo Trujillo Peters, jefe regional (s) del Departamento de Medidas y Sanciones.
Este nuevo servicio —creado para fortalecer la reinserción de adolescentes y jóvenes en conflicto con la justicia— es el primero de su tipo en Chile y busca ser un instrumento efectivo para dejar atrás la conducta delictiva y promover la integración social de jóvenes, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084).
Durante la apertura de la jornada, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, destacó el compromiso del equipo. “Actividades como esta nos permiten renovar el compromiso de cada uno de los funcionarios y funcionarias que, con su trabajo, contribuyen a que cada joven atendido por nuestro servicio abandone la conducta delictiva y se integre positivamente a la sociedad”.
Durante la jornada, se destacaron importantes transformaciones institucionales como la implementación de un nuevo sistema de financiamiento, que deja atrás el modelo de subvenciones y lo reemplaza por un sistema de compras públicas, elevando los estándares de calidad exigidos a los organismos acreditados.
Otra transformación esencial es la adopción de planes de intervención individualizados, modelo avalado por organismos internacionales como el más efectivo para lograr la reinserción social. Esto permitirá además incrementar la dotación de profesionales en las distintas regiones, mejorando sustancialmente la atención a los jóvenes.
También se enfatizó la importancia de garantizar el acceso a prestaciones clave en áreas como salud, educación, capacitación laboral y tratamiento de consumo problemático de sustancias.
Una de las principales novedades del nuevo servicio es la mediación penal juvenil, una herramienta que permite que la víctima y el joven involucrado acuerden juntos una forma de reparar el daño, guiados por un mediador. Esta práctica fomenta la responsabilidad, el aprendizaje y la reparación.
Finalmente, se incorpora el acompañamiento postegreso, un apoyo voluntario para jóvenes que ya han cumplido su sanción, que puede extenderse hasta seis meses y que busca fortalecer su reinserción mediante redes comunitarias, acceso a ingresos o vivienda, durante un período considerado crítico en su transición.
