El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, pidió mayor coherencia legislativa tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, que faculta a las municipalidades a retirar el cableado aéreo en desuso cuando las empresas no lo hagan.
La iniciativa, impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, busca mejorar la seguridad y el orden del espacio público, además de permitir a los municipios exigir el reembolso de los gastos a las compañías mediante un procedimiento con mérito ejecutivo.
Sin embargo, el jefe comunal señaló que desde hace más de dos años ya existe una norma legal sobre esta materia, pero no se ha dictado el reglamento que establece cómo debe aplicarse, lo que ha generado confusión y paralización en la implementación de la medida. “Ha pasado mucho tiempo esperando este reglamento. Se ha creado una expectativa en los vecinos y en la municipalidad que no se ha podido cumplir, porque la operativa, el cómo se hace, está justamente en este cuerpo legal complementario a la ley. La ley establece el marco, pero el reglamento indica cómo hacerlo”, explicó Radonich.
Asimismo, el alcalde advirtió que la nueva legislación no considera el financiamiento necesario para que las municipalidades ejecuten el retiro del cableado, lo que podría impactar negativamente en la priorización de recursos esenciales para la comunidad.
“Si la municipalidad tiene que sacar los cables, ¿a quién le compramos los equipos y los elementos para trabajar en altura, pensando en los cientos de kilómetros que tenemos que intervenir? ¿Qué hacemos, invertimos en cables o en más médicos, o en más seguridad?”, cuestionó Radonich.
El edil también manifestó su preocupación por la posible judicialización de los cobros a las compañías responsables, lo que retrasaría aún más el proceso.
"El cobro capaz que lo judicialicen y podemos estar cinco años esperando. Insisto, hay mucha buena voluntad, no me cabe duda, pero nos hubiera gustado que la municipalidad también tuviera opinión, porque esta es una nueva ley que suma a una que aún no está operativa”, subrayó.
Finalmente, Radonich recalcó que este nuevo proyecto busca corregir una omisión de la reciente ley que declaró el internet como servicio público, la cual no abordó los problemas generados por el cableado obsoleto.
