El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) avanza en el cambio del modelo de licitación para los servicios marítimos y lacustres del país, con el objetivo de mejorar la conectividad de zonas aisladas con los principales centros urbanos. En este contexto, esta semana se dieron a conocer los “contenidos esenciales” del futuro servicio Punta Arenas–Puerto Williams, como parte del Plan Barcazas para Chile.
El seremi de Transportes de Magallanes, Alejandro Goich, explicó que este trabajo se viene desarrollando desde hace dos años, incorporando las principales necesidades planteadas por las comunidades usuarias. “En nuestra región este proceso abarcará las futuras licitaciones del servicio marítimo que conecta Puerto Williams con Punta Arenas, e Isla Riesco con Villa Ponsomby en Río Verde. Los contenidos esenciales reflejan el trabajo realizado con las comunidades y las autoridades locales para perfilar el servicio que requieren”, señaló.
El nuevo modelo de licitación busca mejorar la eficiencia de los contratos de servicios subsidiados de barcazas, ya que el sistema actual presenta limitaciones para el desarrollo óptimo de las operaciones. Entre las principales novedades que incluirán los futuros contratos se encuentran:
- Mayor plazo para postulación: se amplía el período a 60 días corridos, facilitando la preparación de propuestas más completas.
- Más información disponible para los oferentes, como estadísticas del último año de operación y datos sobre infraestructura portuaria.
- Puntaje adicional para naves nuevas, incentivando la modernización de la flota.
- Evaluación de la conducta anterior de los oferentes, premiando a quienes cuenten con una trayectoria intachable.
Goich añadió que “este nuevo modelo representa una mejora significativa en la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios, ya que se espera impulsar una modernización de las embarcaciones, generar mayor competencia en los procesos y aumentar la calidad, comodidad y frecuencia de los servicios ofrecidos”.
Aunque el MTT ha mantenido una práctica habitual de participación ciudadana antes de cada licitación, con este nuevo enfoque se busca también que las comunidades tengan un rol más activo en la administración posterior de los servicios, fomentando una relación más directa entre las necesidades locales y las decisiones operativas.
