Un difícil momento atraviesa una ex funcionaria del Gobierno Regional de Magallanes (GORE), quien denunció haber sido desvinculada de manera injustificada, pese a encontrarse en tratamiento contra un cáncer y tras haber presentado una denuncia por maltrato laboral al interior del organismo.
La profesional ingresó al GORE en octubre de 2021 como jefa de departamento, desempeñándose sin inconvenientes hasta que, en febrero de 2023, fue diagnosticada con Linfoma no Hodgkin, una grave enfermedad que afecta al sistema inmunológico. Ante ello, optó por recibir tratamiento en Santiago, iniciando un proceso de quimioterapia con licencias médicas debido a la intensidad del procedimiento.
“Por una opción de mejor tratamiento decidí hacérmelo en Santiago. Estuve con licencia durante el proceso de quimio, que es la parte más intensa del tratamiento, y regresé a trabajar al Gobierno Regional un año después, en 2024. Ahí empezaron a cambiar las cosas”, relató la ex funcionaria, quien todavía debe viajar cada mes para continuar con su terapia de mantención.
En octubre de 2024, comenzaron las evaluaciones de desempeño dentro del servicio. En ese contexto, la denunciante asignó una baja calificación a uno de los integrantes de su equipo, debido al incumplimiento de sus funciones. Tras ello, vivió una situación que marcó un antes y un después en su ambiente laboral: recibió una llamada telefónica en la madrugada de un domingo, en la que este trabajador la amenazó.
“No quise denunciar en ese momento por miedo. Estaba todavía en tratamiento y no quería tener problemas. No quería ser la primera en denunciar. Pero mi jefe me dijo que debía hacerlo por escrito. Yo solo pedía que me ayudaran, que no me dejaran trabajando con esta persona”, explicó.
La situación fue formalmente informada al Gabinete del Gobierno Regional a través de una carta, en la que solicitaba apoyo para no continuar trabajando junto al funcionario que la había intimidado. Sin embargo, y a pesar de insistir en obtener una respuesta oportuna, las reuniones con las autoridades tardaron en concretarse y no se obtuvo una solución favorable.
Finalmente, la ex funcionaria fue desvinculada de su cargo, lo que motivó la presentación de dos acciones legales: una demanda laboral por despido injustificado y otra por maltrato laboral en el marco de la Ley Karin, normativa recientemente aprobada que protege a los trabajadores frente a situaciones de acoso o violencia en espacios laborales.
La denunciante recalca que su desvinculación no solo es injusta desde el punto de vista contractual, sino también humana, ya que ocurre en un contexto de vulnerabilidad física y emocional debido a su enfermedad.
El caso se encuentra ahora en tribunales, donde se espera que se investigue y determine si hubo vulneración de derechos fundamentales y posibles omisiones por parte de la institución pública frente a la denuncia de maltrato y la condición médica de la trabajadora.
