La Región de Magallanes enfrenta una creciente preocupación respecto a la migración irregular. Según cifras oficiales, actualmente existen alrededor de 1.500 extranjeros en situación migratoria irregular, una problemática que se ha agudizado desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración en febrero de 2022.
Uno de los mayores desafíos es el proceso para concretar una expulsión administrativa, el cual puede extenderse por meses y superar los 3,5 millones de pesos en costos por persona, principalmente debido al financiamiento estatal del traslado aéreo del expulsado. Además, si el afectado presenta un recurso de amparo y la Corte de Apelaciones lo acoge, la medida queda sin efecto, dificultando aún más el procedimiento.
Desde la Policía de Investigaciones (PDI), indicaron que en lo que va del 2024 se han ejecutado 11 expulsiones. La más reciente se llevó a cabo este jueves y corresponde a un ciudadano colombiano. A pesar de estos esfuerzos, se reconoce que la magnitud del problema supera ampliamente la capacidad de respuesta actual. “Tener situación irregular en Chile no constituye un delito, sino una falta administrativa grave”, explicó el director regional del Servicio Nacional de Migraciones, quien añadió que ante la no salida voluntaria del país en el plazo legal de 10 días, se inicia automáticamente un proceso de expulsión.
Si bien se reconoce que la migración regular ha aportado cultural y económicamente a la región, las autoridades también advierten del aumento de delitos graves cometidos por algunos extranjeros, como tráfico de drogas, violencia, e incluso casos de femicidio, como el reciente incidente en que un hombre prendió fuego a su pareja.
El delegado presidencial en Magallanes aseguró que ha habido un aumento en las expulsiones durante los últimos tres años, pero también reconoció que la ley vigente no permite actuar con mayor rigurosidad debido a los límites legales y diplomáticos.
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado chileno es la imposibilidad de concretar expulsiones de ciudadanos venezolanos, ya que el régimen de Nicolás Maduro no acepta el retorno forzado de sus ciudadanos, dificultando la aplicación de medidas administrativas y convirtiendo este tema en un problema persistente para el país.
Desde el sistema penitenciario regional se informó que un 16% de la población penal en Magallanes corresponde a extranjeros, mientras que la Fiscalía Regional detalló que un 11% de los imputados formalizados en 2025 son también migrantes, principalmente de nacionalidad colombiana, venezolana y argentina.
Este jueves, la PDI detectó a 12 extranjeros infractores durante una fiscalización masiva en Punta Arenas y Puerto Natales, lo que vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control migratorio y la colaboración internacional para hacer frente a una problemática que sigue creciendo.
