Frente al aumento sostenido de la migración en Chile durante los últimos años, muchas familias extranjeras se enfrentan a interrogantes clave sobre su integración, especialmente respecto al acceso a servicios básicos como la educación. En este contexto, las autoridades han sido enfáticas: todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estudiar en Chile, independiente de su nacionalidad o situación migratoria.
Así lo explicó el seremi de Educación de Magallanes y la Antártica Chilena, Valentín Aguilera, quien señaló que “el Estado de Chile ha firmado distintos tratados internacionales que garantizan el acceso preferente al derecho a la educación en todo el país, sin distinción entre estudiantes chilenos o extranjeros”.
- Si el estudiante cuenta con RUT chileno, puede postular normalmente al Sistema de Admisión Escolar (SAE) y a la plataforma “Anótate en la lista”, accediendo a las distintas etapas de postulación en los procesos oficiales.
- Para quienes no tienen RUT chileno y se encuentran en situación migratoria irregular, la solución es solicitar un IP (Identificador Provisorio Escolar). “Este trámite se realiza en la oficina de atención ciudadana de las Seremi de Educación. En el caso de Magallanes, se encuentra en Ignacio Carrera Pinto 1259, donde deben presentar sus documentos del país de origen”, detalló Aguilera.
Con este indicador provisorio, los menores pueden ingresar al sistema educativo chileno, inscribirse en colegios y acceder a todos los beneficios que reciben los estudiantes nacionales, tales como alimentación JUNAEB, útiles escolares y becas.
Desde la Dirección Regional de Migraciones, su director Óscar Valenzuela fue claro al desmentir uno de los mitos más recurrentes sobre la migración infantil: “Se piensa erróneamente que los estudiantes extranjeros están quitando una silla a un niño chileno. Eso es imposible, ya que en muchas escuelas hay salas vacías debido a la baja natalidad que afecta al país”.
Valenzuela también llamó a analizar el fenómeno migratorio con datos objetivos, reconociendo que, como todo proceso social, presenta desafíos, pero que no se puede generalizar ni criminalizar. “Sí, ha llegado delincuencia, pero eso no puede ser una excusa para negar derechos fundamentales como el acceso a la educación”, afirmó.
Para más detalles, el Ministerio de Educación cuenta con una Política Nacional para Estudiantes Extranjeros, disponible en su biblioteca digital, donde se entregan lineamientos claros sobre la inclusión y derechos de estos niños, niñas y adolescentes.
En definitiva, el llamado de las autoridades es claro: la educación es un derecho universal, y Chile, como Estado firmante de tratados internacionales, tiene el deber de garantizarlo, más allá de la situación migratoria de los estudiantes.
