Una madre de la región de Magallanes continúa luchando por el bienestar de su hija de 17 años, quien enfrenta un diagnóstico psiquiátrico complejo. Pese a una orden judicial emitida en noviembre del año pasado, que instruye al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) a financiar un tratamiento especializado en Santiago, esta aún no se cumple, agravando la situación de salud de la joven.
Desde hace más de 300 días, la joven se encuentra hospitalizada en el Hospital Clínico de Magallanes, y en las últimas semanas su situación ha empeorado. Actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos. "Mi hija tiene un trastorno de la personalidad limítrofe, además de una profunda depresión. Se autolesiona constantemente, y cada día que pasa sin tratamiento especializado es un día más de sufrimiento", relata su madre.
A pesar de la orden judicial, la madre denuncia que Mejor Niñez ha buscado razones para evadir el cumplimiento de esta disposición. "Han pasado más de 30 días desde la orden, y Mejor Niñez ha ‘peloteado’ el caso entre diferentes instituciones, como Salud y Senda. Han buscado excusas para desestimar la decisión del juez. Creo que no quieren costear el tratamiento, porque hacerlo sería reconocer que no tienen las capacidades para abordar este tipo de casos".
En su esfuerzo por salvar a su hija, la madre ha recurrido a diferentes instancias, tanto locales como nacionales. Ha enviado cartas al Presidente de la República y ha solicitado apoyo de diversas autoridades, pero hasta ahora, sus pedidos no han sido concretados. "Es la vida de mi hija la que está en juego. Si su salud mental no es tratada, ella podría cometer un acto impulsivo con consecuencias irreparables. ¿Quién será el responsable entonces?".
El mayor miedo de esta madre es que su hija cumpla 18 años y quede fuera del sistema de protección de Mejor Niñez. "Si no actúan antes de que ella sea mayor de edad, nadie se hará cargo. Su diagnóstico requiere un manejo especializado que no existe en la región".
Este caso pone en evidencia la brecha en el acceso a tratamientos especializados en salud mental y el impacto que esto tiene en las familias afectadas. Se espera que las autoridades involucradas actúen con prontitud para garantizar el cumplimiento de la orden judicial y evitar consecuencias irreparables.
