En una importante iniciativa para fortalecer la protección de los derechos humanos en la gestión pública, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, impartió una charla sobre el enfoque de Derechos Humanos en la función pública a funcionarios y funcionarias de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes. Esta actividad se enmarca dentro de la entrega de herramientas para promover una cultura de respeto a los derechos fundamentales en el ámbito público.
La actividad, que contó con la presencia de la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes Parga, tuvo una amplia y participativa convocatoria, con la asistencia de administrativos, profesionales y técnicos de diversos departamentos, como Salud Pública, Acción Sanitaria, Recursos Humanos, Finanzas, Compin, y del Servicio de Salud.
Durante la charla, la Seremi Peutat destacó que Chile ha asumido compromisos internacionales que exigen garantizar el respeto a los derechos humanos en la función pública. En este contexto, resaltó la relevancia de fomentar una cultura de derechos humanos en las instituciones gubernamentales. Recordó que en 2017 se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo objetivo es educar y promover los derechos humanos a nivel institucional.
“Es fundamental formarnos en materia de derechos humanos, porque como agentes del Estado podemos, sin querer, vulnerar los derechos humanos de las personas usuarias o de los ciudadanos en general”, comentó Peutat, quien también hizo un llamado a los funcionarios a acceder a los cursos online de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Estos cursos, disponibles en la página web https://formacionddhh.minjusticia.gob.cl/, son tanto para funcionarios públicos como para la ciudadanía en general, y ofrecen certificación al finalizar.
Asimismo, la charla abordó el caso de la pastora aymara Gabriela Blas, quien fue injustamente condenada luego de perder a un hijo pequeño en 2007. Gabriela, mientras realizaba labores de pastoreo en el altiplano, fue detenida irregularmente, discriminada, torturada y juzgada de manera severa en un proceso que desconoció su cultura.
La situación, que resultó en una condena de 12 años de cárcel y la pérdida de otra hija dada en adopción internacional contra su voluntad, fue finalmente denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras el reconocimiento de responsabilidad del Estado chileno, Gabriela fue indultada y el caso culminó con la firma de un acuerdo de solución amistosa para evitar la repetición de prácticas similares.
