Un reciente informe de la consultora norteamericana Yield Sec reveló que la industria de apuestas en línea en Chile alcanzó un volumen de US$3.100 millones en ingresos brutos por juego en 2024, con 5,4 millones de chilenos participando en estas plataformas durante el último año.
El estudio también destaca el impacto que podría tener una regulación efectiva en este mercado. Según los datos presentados, el Estado chileno podría recaudar entre US$600 y US$800 millones anuales con un marco normativo adecuado, cifra que supera 10 veces las estimaciones iniciales del Ministerio de Hacienda, que proyectaban solo US$50 millones en ingresos fiscales.
Carlos Baeza, representante de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (que reúne a empresas como Betano, Coolbet, Betsson, Latamwin y Betwarrior), enfatizó la necesidad de avanzar en la regulación del sector: “Este informe nos muestra, con contornos claros, la realidad invisible de un mercado que debe ser regulado con urgencia. No estamos hablando de un sector marginal, sino de una industria consolidada. La regulación no solo es necesaria, sino urgente”, afirmó Baeza.
Además, recalcó que la implementación de un marco normativo adecuado permitiría financiar políticas públicas de forma permanente, algo fundamental en el contexto de déficit fiscal que enfrenta el país.
El informe de Yield Sec advierte que el éxito de la regulación en Chile dependerá de la estructura impositiva que se establezca. Actualmente, el proyecto de ley en discusión en el Congreso propone una carga tributaria del 37,6%, muy por encima del promedio internacional del 22%.
Ismail Vali, fundador y CEO de Yield Sec, alertó sobre los riesgos de una regulación mal diseñada: “En todos los mercados regulados que monitoreamos, una regulación equivocada y altos impuestos conducen a la entrada de operadores ilegales y criminales. Si la futura regulación en Chile es errónea, tomará un mercado que hoy opera en equilibrio y lo transformará en dos industrias: una legal que paga impuestos y otra ilegal y criminal”.
En ese sentido, Baeza advirtió que corregir la estructura tributaria no solo aseguraría un mercado competitivo y protegería a los usuarios, sino que incluso podría elevar la recaudación estatal a US$1.000 millones anuales.
