Delegaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA), desde Arica hasta Punta Arenas, se movilizaron esta semana hasta Santiago para denunciar públicamente la grave crisis estructural que atraviesa el sistema encargado de proteger a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del país.
Según acusan, el actual diseño e implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia presenta fallas estructurales, mientras el Estado se niega a asumir completamente sus responsabilidades legales, lo que pone en riesgo diario la integridad física y mental de miles de niños.
Una de las voces que visibilizó esta situación fue Paz Pérez, trabajadora social y presidenta provincial de ANFUSEPNA en Magallanes, quien detalló la compleja realidad que se vive en las residencias del extremo sur del país. “En Magallanes, las residencias están pensadas para un máximo de 12 y 15 niños, pero hemos llegado a atender hasta 20. No podemos olvidar que se trata de niños gravemente vulnerados, que requieren atención especializada y constante”, denunció.
A nivel nacional, ANFUSEPNA ha advertido que en varias regiones, el sobrecupo ha obligado a instalar camas en salas comunes y camarotes en habitaciones, eliminando espacios destinados al estudio o la recreación. Aunque estas medidas aún no se aplican en Magallanes, la organización advierte que cada nuevo ingreso por sobre la capacidad afecta directamente el trabajo de los equipos técnicos y vulnera el modelo de atención familiar. “Nuestros funcionarios no bajan los brazos, pero los niños pierden privacidad, seguridad, autonomía y atención, porque el sistema no fue proyectado para garantizar su bienestar ni el de quienes los cuidan”, agregó Pérez.
La movilización de casi un centenar de representantes de ANFUSEPNA frente a las oficinas centrales del Servicio en Santiago no fue recibida por el director nacional, Claudio Castillo, lo que generó molestia entre los asistentes. Posteriormente, la directiva avanzó hasta La Moneda, donde la presidenta nacional, Blanca Berrocal, entregó una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, exigiendo soluciones concretas y urgentes.
Desde la asociación también apuntan a la descoordinación histórica entre los organismos del Estado que deberían actuar en conjunto en el proceso de protección. “En Magallanes hay niños con necesidades que sólo pueden ser cubiertas por SENDA o Salud. Pero el Estado actúa como si nuestro empleador fuera el único responsable. Esto no sólo incumple el mandato legal, sino que además obstaculiza los procesos reparatorios”, enfatizó Pérez.
La dirigente fue enfática al señalar que la sobrecarga laboral ha llegado a un punto crítico, afectando tanto a los trabajadores como a los niños atendidos: “Puedes darlo todo como profesional, pero no puedes enseñarle a un niño a ser independiente y proyectarse como persona si enfrenta una adicción o si sus necesidades de salud mental no se atienden. Este Servicio es como un barco al que le piden llegar antes a puerto, pero que fue lanzado al agua sin mástil ni velas. Muchos miran desde la orilla, mientras los funcionarios remamos a pulso para llevarlo a destino”.
